La reciente decisión judicial en España que obliga a proveedores como ProtonVPN o NordVPN a bloquear accesos relacionados con streams ilegales de LaLiga abre un debate que va mucho más allá del fútbol. Como CEO de Internxt, empresa española especializada en privacidad, cifrado y soluciones cloud, incluida nuestra propia VPN, observo con preocupación una estrategia que, bajo la legítima intención de proteger los derechos de autor, está adoptando un enfoque desproporcionado.
Combatir la piratería es necesario. Pero hacerlo mediante bloqueos masivos de infraestructuras compartidas es, sencillamente, matar moscas a cañonazos.
El problema no está en el objetivo, sino en la ejecución. En lugar de aplicar un targeting técnico preciso sobre dominios concretos que distribuyen contenido ilegal, se han bloqueado IPs pertenecientes a servidores compartidos, como los gestionados por Cloudflare. Esto implica que miles de sitios web completamente legítimos —tiendas online, startups, medios digitales, servicios SaaS y pequeños negocios— han quedado inaccesibles en España simplemente por compartir infraestructura con páginas infractoras.
Durante fines de semana enteros, empresas que nada tienen que ver con la piratería han visto paralizada su actividad. Ventas detenidas. Clientes bloqueados. Servicios caídos. En una economía digital donde la disponibilidad es crítica, estas interrupciones no son anecdóticas: tienen un impacto directo en ingresos, reputación y confianza. Más allá del daño económico, existe una cuestión estructural. Internet funciona sobre infraestructuras compartidas. Bloquear IPs completas en lugar de actuar quirúrgicamente sobre contenidos concretos tensiona los principios técnicos que han permitido que la red sea abierta, interoperable y escalable. Si normalizamos este tipo de intervenciones, el precedente es preocupante.
En este contexto, las VPN han sido, paradójicamente, la única vía que muchos usuarios y empresas han encontrado para acceder a servicios legítimos afectados colateralmente por los bloqueos. Y ahora, al dirigirse también medidas contra determinados proveedores de VPN, se cierra esa puerta. Conviene recordar que una VPN no es una herramienta diseñada para delinquir. Es un instrumento de privacidad, seguridad y protección frente a vigilancia, censura o riesgos en redes públicas. Demonizarla porque algunos usuarios la utilicen para fines ilícitos equivale a cuestionar el cifrado porque también lo usan los ciberdelincuentes. Pero hay una cuestión aún más incómoda que rara vez se aborda: el modelo económico del fútbol televisado en España.
Para acceder legalmente a todos los partidos de LaLiga y competiciones asociadas a través de operadores como Movistar u Orange, el coste anual puede acercarse a los 1.700 o 2.000 euros, dependiendo del paquete combinado con televisión e internet. Para una parte importante de la población, no se trata de falta de voluntad de pagar, sino de imposibilidad real de asumir ese precio. Cuando el acceso legal se vuelve prohibitivamente caro y rígido —paquetes cerrados, servicios que el usuario no necesita, ausencia de opciones flexibles— el mercado genera alternativas. Algunas son ilegales. Y ninguna campaña de bloqueos masivos solucionará esa tensión estructural entre oferta y demanda.
La experiencia internacional demuestra que la piratería disminuye cuando el contenido es accesible, flexible y razonablemente asequible. Plataformas con precios competitivos y modelos a la carta han logrado reducir el consumo ilegal de forma mucho más eficaz que las medidas puramente restrictivas.
La protección de los derechos de autor es legítima. Pero también lo es proteger la economía digital, la neutralidad tecnológica y el acceso abierto a la red. No deberíamos tener que elegir entre defender el fútbol y preservar Internet. La solución pasa por un enfoque más proporcional y técnicamente preciso, combinado con una revisión profunda del modelo de acceso al contenido. Más competencia, más flexibilidad, precios más ajustados y menos barreras artificiales. Desde Internxt seguiremos defendiendo un Internet seguro, privado y equitativo. Porque la innovación y la economía digital española no pueden convertirse en daños colaterales de una guerra mal diseñada contra la piratería.
Tribuna de opinión escrita por Fran Villalba, CEO de Internxt
